Santo Domingo, D.N. – En una firme señal de lucha contra el tráfico ilícito de personas, el Senado de la República dio luz verde en segunda lectura a un proyecto de ley que incrementa drásticamente las sanciones para quienes se lucren de la migración irregular. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración, contempla penas de hasta 40 años de prisión para los responsables de este delito.
Un punto clave en la aprobación de la legislación fue la acogida parcial de una propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Esta modificación crucial duplica el tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos a funcionarios que resulten implicados en casos de trata y/o tráfico de migrantes. De convertirse en ley, estos servidores públicos corruptos no solo enfrentarían la pena de reclusión dictada por el juez, sino que también se verían impedidos de volver a ocupar puestos en la administración estatal por un período de hasta 20 años.
El senador Fernández defendió con vehemencia su propuesta, argumentando que aquellos funcionarios que “valiéndose de su posición en el Estado incurran en el crimen de lesa patria, atentando contra la soberanía no puede ser premiado con el reingreso al servicio público”. Con estas palabras, el legislador enfatizó la gravedad de la traición a la confianza pública y la necesidad de una sanción ejemplar para quienes abusan de su poder para facilitar la explotación de migrantes.
La propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo establecía sanciones de suspensión de cinco años ante la primera comisión de este delito y de diez años en caso de reincidencia. Sin embargo, la visión del senador capitaleño, respaldada por el pleno, endurece significativamente estas medidas, equiparando la inhabilitación a la severidad de las penas de prisión, que también fueron elevadas hasta los 40 años para los responsables de la trata y/o tráfico ilícito de migrantes, tal como manifestó el propio legislador.
Con la aprobación en el Senado, la atención se centra ahora en la Cámara de Diputados, donde se espera que el proyecto de ley sea debatido y votado. La contundencia con la que el Senado ha actuado refleja una creciente preocupación por este flagelo y la determinación de las autoridades dominicanas de combatir con mayor rigor las redes criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. La sociedad dominicana observa atentamente el curso de esta legislación, esperando que su eventual promulgación se traduzca en un golpe efectivo contra el tráfico de personas y en un mensaje claro de intolerancia hacia la corrupción en este ámbito.