Durante el conocimiento de la medida de coerción por el caso de corrupción administrativa que involucra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, el Ministerio Público informó que no fue presentada ante el juez ninguna certificación médica forense que acredite la supuesta condición de salud alegada por el imputado para evitar la prisión preventiva.
De acuerdo con el órgano acusador, testigos han establecido que, hasta el inicio del proceso judicial en su contra, Hazim Albainy acudía de manera cotidiana al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y mantenía una vida social activa y normal, sin evidenciar las complicaciones de salud que ahora argumenta su defensa.
“El imputado y sus abogados recurren al tema de salud para evadir el proceso, pero no han aportado ninguna evidencia médica que respalde dichas alegaciones”, señaló el Ministerio Público, al tiempo de reiterar que la ley establece que solo un informe emitido por un médico forense designado puede ser ponderado por un tribunal, lo cual no ha ocurrido en este caso.
Hazim Albainy es señalado como cabecilla de una red de corrupción administrativa que, según la investigación, sustrajo más de 15 mil millones de pesos del Estado dominicano a través del SeNaSa. El Ministerio Público solicitó contra él 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, debido a la gravedad de los hechos.
La acusación resalta que el imputado cumple con todos los criterios de un proceso de alta complejidad, incluyendo la pluralidad de víctimas, el grave daño social causado, su condición de funcionario público y la afectación directa al derecho fundamental a la salud. También se le atribuyen maniobras para ocultar bienes obtenidos ilícitamente y acciones destinadas a obstaculizar la investigación.
Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, tres de los imputados admitieron los hechos y reconocieron haber pagado sobornos a Hazim Albainy y a otros exfuncionarios de la entidad. El expediente acusatorio cuenta con más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimonios y diversas pruebas periciales.
El juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción solicitada.
Al grupo se le imputan delitos como asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, lavado de activos y coalición de funcionarios.