Santiago Rodríguez, República Dominicana — La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez impuso este jueves medidas de coerción contra el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, quien enfrenta graves acusaciones de haber agredido sexualmente a menores en el municipio Villa Los Almácigos, en hechos que se remontan a más de dos décadas.
La decisión de la magistrada ha generado controversia, pues el Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva. En su lugar, la jueza dispuso la prisión domiciliaria, el impedimento de salida del país y una garantía económica de 500,000 pesos a través de una compañía aseguradora.
Acusaciones Sostenidas por Denuncias Múltiples
El caso tomó fuerza tras las denuncias públicas y querellas presentadas por múltiples presuntas víctimas. La Fiscalía sustentó su petición de prisión preventiva en los testimonios, incluyendo el de dos hermanas que aseguraron haber sido agredidas por el religioso desde que tenían 12 y 14 años, respectivamente, con abusos que se prolongaron durante varios años.
Una de las denunciantes formalizó la querella ante la Fiscalía local el 12 de septiembre de 2025. El Ministerio Público informó que las acciones atribuidas al imputado han sido provisionalmente calificadas como agresión y violación, con base en el Código Penal y el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Iglesia Reitera Cero Tolerancia y Coopera
La Diócesis de Mao–Montecristi reaccionó al proceso confirmando que el padre Peña Sánchez ha sido suspendido del ejercicio público de su ministerio “para fines de investigación”. La institución religiosa afirmó en un comunicado oficial que “en la Iglesia no hay lugar para el abuso ni para encubrirlo”, y ofreció acompañamiento espiritual y psicológico a las presuntas víctimas, reiterando su disposición a cooperar con las autoridades judiciales.
El Proceso Continúa
La magistrada rechazó la solicitud de la defensa de extinguir el proceso, asegurando que el caso seguirá su curso en el sistema judicial. Fuentes fiscales indicaron que la investigación se está ampliando con la toma de nuevos testimonios, incluyendo a personas que han realizado denuncias públicas en redes sociales, las cuales han servido como punto de partida para las pesquisas.
El Ministerio Público estudia la posibilidad de recurrir la decisión de la prisión domiciliaria y la garantía económica, al considerar que la prisión preventiva era la medida más adecuada ante la gravedad de las acusaciones y el riesgo de fuga. Por ahora, el sacerdote permanece en su residencia bajo las medidas ordenadas por el tribunal a la espera de las próximas etapas del proceso.