SANTO DOMINGO, República Dominicana – El Ministerio Público ha asestado un duro golpe a la piratería digital con la puesta en marcha de la Operación Domo, que culminó con el desmantelamiento de una red criminal dedicada a la reventa ilegal de señales de televisión y plataformas de streaming. La operación, que se extendió por varias provincias, resultó en el arresto de cuatro personas y la incautación de equipos y vehículos.
Bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, un equipo de 30 fiscales ejecutó 19 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa. La acción contó con la colaboración de varias dependencias especializadas, como la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos.
Los esfuerzos no fueron solo locales. La operación se realizó en conjunto con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (DEIDET) de la Policía Nacional, además de contar con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Una Operación Transnacional con Pagos en Criptomonedas
Las investigaciones revelaron que esta red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para burlar los sistemas de seguridad de las plataformas de televisión por suscripción. Ofrecían acceso ilícito a programas, series y películas tanto a nivel nacional como internacional, generando ganancias millonarias que luego eran lavadas a través de criptomonedas y otros métodos para ser reintroducidas en el sistema financiero.
Un detalle crucial que ha salido a la luz es que cuatro de los detenidos ya habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por delitos de piratería digital similares. Este historial muestra un patrón de actividad criminal persistente y una estructura de red bien organizada.
Los implicados enfrentarán cargos graves, incluyendo violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La Operación Domo se presenta como un claro mensaje por parte de la administración de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso de que la lucha contra la criminalidad, en todas sus formas, es una prioridad.