Un hombre identificado como “Chiquín Jimenez” recuperó su libertad luego de permanecer casi 20 años en prisión preventiva sin que un tribunal emitiera una sentencia definitiva sobre su caso.
El ciudadano permanecía recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006, hasta que la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Monte Cristi logró revertir su situación mediante un recurso de habeas corpus y una posterior apelación.
De acuerdo con la Defensa Pública, el interno ingresó al sistema penitenciario bajo una medida de coerción de carácter provisional. Sin embargo, esta se prolongó durante casi dos décadas sin que el proceso judicial concluyera.
La irregularidad fue detectada cuando los defensores públicos asumieron su representación legal y revisaron el expediente, reconstruyendo el historial del proceso junto con las autoridades del centro penitenciario y los tribunales competentes.
Durante la investigación también se estableció que el hombre padecía trastornos de salud mental. Informes médicos incorporados al expediente indican que, en 2009, tanto el Ministerio Público como la defensa solicitaron al Tribunal Colegiado de Dajabón la aplicación de un procedimiento especial para personas inimputables debido a su condición psiquiátrica.
No obstante, el tribunal rechazó la petición y decidió suspender el proceso penal hasta que el imputado recuperara su salud mental. La decisión quedó sin seguimiento durante años, lo que provocó que permaneciera privado de libertad de manera indefinida.
Ante esa situación, la Defensa Pública emprendió varias acciones legales para restablecer sus derechos fundamentales. Finalmente, la Corte de Apelación acogió el recurso el 25 de febrero de 2026 y ordenó su libertad inmediata, poniendo fin a uno de los casos de privación de libertad sin sentencia más prolongados registrados en el país.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que este caso evidencia la importancia de garantizar el respeto al debido proceso y de fortalecer los mecanismos de supervisión dentro del sistema judicial para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.