Puerto Plata, República Dominicana – Tres personas, incluido un ciudadano español con historial de fraude en su país, han recibido medidas de coerción tras ser acusadas de estafar a inversionistas del proyecto habitacional “Paraíso Dorado”. El Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata impuso a los imputados el pago de una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras avanza la investigación por estafa, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
Los acusados son Jesús Aldea Abián, de nacionalidad española, su esposa Griselda Antonia Calderón Taveras y el abogado Pedro Pablo Pérez. Según el Ministerio Público, los tres están implicados en un esquema para desviar fondos de la construcción de viviendas que nunca fueron entregadas.
La jueza Rosalba Francisco Parra tomó la decisión basándose en las pruebas presentadas por la fiscal Massiel Peña, incluyendo un peritaje del INACIF que confirmó la falsificación de la firma de uno de los querellantes, Dámaso Medrano Reyes.
El expediente judicial detalla que los acusados utilizaron un poder falsificado, supuestamente legalizado, para transferir dinero a dos empresas de su propiedad, Guztrade SRL y Condular SRL. A pesar de las millonarias sumas recibidas, la obra no fue ejecutada, dejando a decenas de compradores sin sus viviendas.
El caso, que se remonta a 2020, ha dejado a decenas de compradores que confiaron en la empresa DM & R SRL de Jesús Aldea sin las viviendas que reservaron. Adicionalmente, se ha revelado que Aldea cuenta con un historial judicial en España, donde fue acusado en 2017 de fraude fiscal por más de 400,000 euros y sobre él pesa una orden de búsqueda y captura por no comparecer ante la justicia de ese país.
La fiscal investigadora Rosalía Vargas Gómez continúa con las diligencias para determinar el alcance total del fraude, mientras los imputados deberán cumplir con las medidas impuestas a la espera de una resolución judicial.