Cinco de los diez imputados en el presunto caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han iniciado conversaciones con el Ministerio Público para acogerse a un procedimiento penal abreviado, mediante el cual admitirían su responsabilidad en los hechos investigados.
De acuerdo con una fuente vinculada al proceso, la decisión responde al conjunto de evidencias recopiladas por los fiscales durante la investigación, las cuales habrían fortalecido el expediente acusatorio y motivado a varios de los implicados a buscar una salida negociada.
Según la información, algunos de los imputados que actualmente cumplen prisión preventiva figuran entre quienes han mostrado interés en alcanzar un acuerdo con el órgano persecutor. La fuente indicó, además, que otros acusados también evalúan acogerse a este mecanismo.
Estos acercamientos se producen mientras el Ministerio Público avanza en una nueva etapa de las pesquisas, denominada “Senasa 2.0”, con la que busca ampliar las investigaciones sobre la presunta red de corrupción.
En tanto, para el 30 de julio está prevista la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los imputados que permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. La audiencia será conocida por el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El expediente sostiene que la presunta estructura habría operado entre 2020 y 2025, provocando un perjuicio económico que inicialmente fue estimado en más de RD$15,000 millones, aunque investigaciones posteriores elevan la cifra a más de RD$19,000 millones.
Entre los principales acusados figura el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a otros exfuncionarios y suplidores de la ARS estatal.
Asimismo, en el proceso aparecen Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante el tribunal haber realizado pagos ilícitos a funcionarios de la institución, lo que les permitió obtener arresto domiciliario como medida de coerción.
El Ministerio Público atribuye a los imputados delitos como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha reiterado que las investigaciones continúan y que podrían abarcar a otras personas presuntamente vinculadas con el caso.