SANTO DOMINGO, RD. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha dictado presentación periódica como medida de coerción contra Aquiles Jiménez Fernández, quien fue arrestado en flagrante delito por portar ilegalmente un chaleco antibalas de uso militar. El juez Rigoberto Sena ordenó que Jiménez Fernández se presente ante el Ministerio Público los días 30 de cada mes.
Según la instancia presentada por el fiscal José Martínez, del Departamento de Criminalidad y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, la detención se produjo el pasado 22 de julio, alrededor de las 7:00 de la noche. Agentes de la Policía Nacional observaron un vehículo BMW, modelo 430 Xl, color negro, con placa oficial OC046001, circulando de forma sospechosa en la avenida Federico Geraldino, próximo a la calle Porfirio Herrera, en el sector Piantini.
Detalles de la Detención y Hallazgos
Al detener el vehículo e intentar verificar la placa en el sistema policial, esta no arrojó resultados, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva. El conductor se identificó como Aquiles Jiménez Fernández y alegó que el vehículo había sido importado desde Miami, Florida, por la empresa Dulce Auto Import Export, pero no pudo presentar documentación que acreditara su propiedad o legal circulación.
Durante el registro del automóvil, los agentes encontraron en el asiento trasero un chaleco antibalas de color negro, marca Point Blank, sin ningún tipo de documentación que justificara su tenencia. Además, se halló un carné vencido de una agencia de inteligencia auxiliar del Ministerio de Defensa, junto a otros objetos personales.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como porte ilegal de pertrechos militares, una violación del artículo 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Dicho artículo establece sanciones severas para quienes porten, posean, transporten o almacenen pertrechos militares o materiales restringidos sin la debida autorización, con penas que pueden ascender hasta 20 años de prisión y multas de 100 a 200 salarios mínimos del sector público.