Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader ha emitido el Decreto núm. 396-25, que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Así lo reveló anoche el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, marcando un paso crucial en la planificación y desarrollo del país.
Este reglamento, cuyo borrador inicial fue desarrollado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, pasó por un riguroso proceso de socialización y discusión. Liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el proceso incluyó la participación de importantes instituciones gubernamentales como los ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones, así como representantes de asociaciones municipales y sectores empresariales.
Entre los aportes más significativos del nuevo reglamento, se destaca la obligatoriedad para los gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial. Esto permitirá una gestión más eficiente del uso del suelo en las demarcaciones municipales, al exigir que las oficinas municipales de planeamiento urbano otorguen autorizaciones para proyectos de infraestructura que sean compatibles con la naturaleza de los tipos de suelo de cada municipio.
En el ámbito turístico, el reglamento establece que los proyectos en zonas con vocación para el desarrollo turístico requerirán no solo el permiso de uso de suelo del gobierno local, sino también una certificación de no objeción del Ministerio de Turismo para garantizar su viabilidad.
Además, se designa al Ministerio de Hacienda y Economía como la autoridad competente para certificar qué distritos municipales cumplen con los requisitos del párrafo I del artículo 24 de la Ley núm. 368-22, para la gestión del uso del suelo en sus respectivas demarcaciones territoriales.
Tanto la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial como su recién aprobado reglamento de aplicación son iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader. Su objetivo principal es, mediante la planificación estratégica y una gestión participativa del uso del suelo, propiciar el desarrollo integral y equilibrado de los municipios. Se busca que este crecimiento esté en sintonía con las potencialidades, expectativas y aspiraciones de las poblaciones, garantizando así las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Este paso regulatorio busca sentar las bases para un crecimiento urbano y regional más organizado y sostenible en la República Dominicana.