La propuesta reconoce la prohibición de la censura previa, estableciendo que cualquier restricción debe tener un fin legítimo dentro de una sociedad democrática.
Asimismo, se reafirma el derecho de los medios a acceder a fuentes informativas sin discriminación, fortaleciendo la transparencia y la diversidad informativa.
Las sanciones propuestas incluyen la suspensión de la transmisión por parte del medio por un periodo de hasta noventa (90) días; eliminación de contenidos que violen las disposiciones de la ley para la protección de las personas menores de edad y la imposición de multas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos del sector público.
En el caso de infracciones leves se le hará un llamado de atención y se impondrán multas entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos del sector público. El proyecto establece como una sanción grave el limitar por vías de hecho o actos contrarios a la Constitución la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación o el derecho de acceso a la información.