En términos simples, el consultor jurídico es el abogado principal del presidente. Entre sus tareas centrales está responder las consultas que le formule el jefe del Estado y los ministros. Estas consultas tienen prioridad cuando provienen directamente del presidente o de la Presidencia, y se atienden con carácter urgente cuando así se indica.
También es responsable de redactar y someter al presidente los proyectos de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos del Poder Ejecutivo, ya sea por instrucción directa o cuando las circunstancias lo ameritan.
Ningún decreto importante llega a la firma presidencial sin pasar antes por la Consultoría Jurídica.
Otra función clave es revisar las leyes y resoluciones aprobadas por el Congreso que son enviadas al Poder Ejecutivo. El consultor jurídico estudia su contenido y recomienda al presidente si procede promulgarlas u observarlas, preparando en cada caso la documentación legal correspondiente.
Además, puede despachar instrucciones con su sola firma cuando se trata de asuntos que, por su naturaleza, deben canalizarse a través de la Consultoría Jurídica, y participa en comisiones especiales cuando así lo disponga el presidente.
El guardián de los decretos y la Gaceta Oficial
Más allá de la asesoría directa, la Consultoría Jurídica cumple una función menos visible, pero esencial: organizar y custodiar la producción normativa del Estado.
Debe llevar un registro fiel, cronológico y numérico de todas las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos promulgados por el presidente. También vela porque estos actos sean publicados correctamente en la Gaceta Oficial o en los medios correspondientes, conforme a los requisitos constitucionales y legales.
El consultor jurídico dirige la edición de la Gaceta Oficial, la colección de leyes, decretos y reglamentos, así como el Índice de la Legislación Dominicana. Incluso tiene a su cargo los procedimientos legales para contratar las imprentas que publican estos documentos oficiales, con partidas asignadas cada año en el presupuesto nacional.
A esto se suma la elaboración de los poderes legales que debe otorgar el presidente para que el Estado sea representado en actos jurídicos, contratos y procesos judiciales.
Cada año, la Consultoría Jurídica debe rendir un informe de gestión al presidente de la República, con una memoria detallada de los trabajos realizados.