MADRID, España – En un esfuerzo por erradicar las crecientes estafas telefónicas y por mensajería móvil, el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública de España ha implementado nuevas y estrictas medidas que prohíben, desde este sábado, a empresas y entidades públicas realizar llamadas comerciales a través de teléfonos móviles. La iniciativa busca cerrar una de las vías más comunes utilizadas por los ciberdelincuentes para engañar a los ciudadanos.
A partir de hoy, las llamadas comerciales solo podrán originarse desde números específicamente designados para este fin, como el popular 1004 de Telefónica, o desde sistemas de numeración que identifiquen claramente la ubicación geográfica de la línea, según informaron fuentes ministeriales.
Esta normativa representa un paso adelante significativo, tras la prohibición de llamadas comerciales sin consentimiento previo que ya estaba en vigor desde junio de 2023, en virtud de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). La novedad ahora es el enfoque en la prevención de estafas, atacando directamente la simulación de llamadas legítimas.
Una excepción notable será la posibilidad de realizar llamadas comerciales desde números 900 u 800, que anteriormente solo permitían llamadas salientes y ahora estarán habilitados también para recibir llamadas de forma gratuita.
Un Plan en Marcha: Millones de Bloqueos Preceden la Nueva Norma
Estas medidas forman parte de un plan más amplio contra el fraude telefónico, cuya orden ministerial fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 15 de febrero. Una primera fase del plan entró en vigor el 7 de marzo, obligando a los operadores a bloquear llamadas y SMS con numeración no asignada. Desde entonces, se han bloqueado más de 14 millones de llamadas, con un promedio de 235,600 llamadas y 10,000 mensajes al día, según datos del Ministerio.
Las dos nuevas regulaciones que entran en vigor hoy incluyen, además de la prohibición de llamadas comerciales desde móviles, la veda a las llamadas y SMS de origen internacional que simulan haber sido originados en un número español. Esta última medida es crucial, ya que un gran número de llamadas fraudulentas provienen de países extranjeros como Países Bajos o el Reino Unido, utilizando numeración española para engañar a las víctimas. Esta práctica es una de las más extendidas en los intentos de fraude telefónico.
Telefónica ha sido uno de los principales actores en la implementación de estos bloqueos. Fuentes del operador informaron a EFE que “la mayor parte [de los bloqueos] se han efectuado desde nuestra red” debido a su “temprana implantación de los mecanismos de bloqueo”. La multinacional española ha sido pionera en aplicar desde marzo el bloqueo de llamadas y mensajes con origen internacional que utilizan numeración española, exceptuando la itinerancia internacional legítima.
Futuro: Base de Datos para Bloquear la Suplantación de Identidad
El plan anti-estafas culminará el 7 de junio de 2026 con la creación de una base de datos oficial de códigos alfanuméricos utilizados por empresas y administraciones públicas en los SMS. Esta base, gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá registrar y verificar dichos identificadores, garantizando la autenticidad de las comunicaciones y facilitando la detección y bloqueo de intentos de suplantación de identidad.
Los fraudes telefónicos suelen incitar a las víctimas a facilitar claves personales, acceder a sitios web maliciosos, llamar a números fraudulentos, realizar transferencias o contratar servicios no deseados.
El Ministerio de Transformación Digital destaca el éxito de medidas similares en otros países; Finlandia, por ejemplo, ha logrado reducir sus estafas en un 90% con normativas parecidas.
El incumplimiento de estas nuevas disposiciones está tipificado como infracción grave en la Ley General de Telecomunicaciones, con sanciones que pueden alcanzar hasta los 2 millones de euros. Cuando se inició la tramitación de esta orden a principios del año pasado, el 50% de los fraudes se cometían mediante las prácticas que ahora busca erradicar esta normativa, en línea con las ya implantadas en Francia, Alemania y Bélgica, además de Finlandia.