La imposición de tres meses de medida de coerción contra Carlos Peña, acusado de sustraer un conejo, ha generado indignación y protestas en la comunidad de La Cumbre, en Moca, donde residentes denuncian un presunto abuso de poder y un trato desigual por parte de las autoridades.
Su esposa, Génesis Adames, declaró sentirse frustrada y desamparada tras la decisión judicial, afirmando que su esposo es inocente y que el caso refleja la corrupción e injusticia que —según ella— afecta a las familias de escasos recursos en la zona.
“Es injusto que mi esposo sea enviado a La Isleta por algo que no hizo. Él es el único sostén de nuestra familia. Esto es un abuso de poder”, expresó Adames durante una entrevista, exhortando a las autoridades a revisar el expediente y a identificar a los verdaderos responsables.
La situación ha movilizado a vecinos y comunitarios, quienes se han manifestado en apoyo a la familia Peña-Adame, exigiendo transparencia en el proceso judicial y un trato proporcional a la gravedad del caso.
El incidente ha reavivado el debate sobre la desigualdad en la justicia en Moca, donde ciudadanos denuncian que delitos de mayor impacto reciben sanciones más leves, mientras que situaciones menores terminan con medidas severas para personas de bajos recursos.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido declaraciones adicionales sobre la decisión judicial o el avance de la investigación.