Santo Domingo, RD – La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) ha elevado su voz de alarma ante la inminente aprobación del Proyecto de Código Penal en la República Dominicana, advirtiendo que la propuesta legislativa contradice principios fundamentales de vida y justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.
CONAMUCA sostiene que la ley debe ser un “escudo protector” para los desfavorecidos y no una herramienta que los “arrincona y deja sin defensa”. La organización critica el enfoque punitivo del proyecto y la exención de responsabilidad a entidades poderosas como el Estado, ayuntamientos, iglesias y partidos políticos, lo que a su juicio desequilibra el sistema de justicia. “¿A quién acudimos cuando sentimos que nos han pisado?”, cuestionan desde las comunidades campesinas.
Un punto de preocupación central para la Confederación es la concepción de la justicia gratuita como un privilegio y no un derecho universal, lo que pone en desventaja a quienes carecen de recursos.
Pero el “escalofrío” más grande para CONAMUCA es la posible prescripción de los crímenes de violencia sexual. La organización teme que los agresores queden impunes con el tiempo, lo que no solo violaría la Constitución dominicana, que protege la integridad de mujeres y niñas, sino también tratados internacionales.
La propuesta de crear una jurisdicción militar también genera inquietud en CONAMUCA, que se pregunta si esto resultará en “dos tipos de justicia”, en contravención del principio constitucional de que el Poder Judicial es el único que administra justicia.
Asimismo, la eliminación de la protección especial a personas por su orientación sexual, identidad de género, raza o lugar de origen es vista como “cerrar los ojos a la realidad de que hay gente que sufre más discriminación”. Para la confederación, proteger a todos sin distinción es una cuestión de justicia y un mandato constitucional, especialmente en un entorno rural donde la diversidad es palpable.
El tema del aborto es particularmente sensible para CONAMUCA, que lo considera un claro ejemplo de cómo la pobreza castiga más fuerte. A través de testimonios como los de Rosa, Violeta, Margarita y Lila, la organización ilustra cómo la ley actual criminaliza a mujeres de bajos recursos que, sin acceso a información ni servicios de salud, enfrentan situaciones que deberían abordarse desde la salud pública y la justicia social.
CONAMUCA argumenta que no tiene sentido castigar algo que la ley no puede prevenir de otra manera. Si bien la Constitución protege la vida, también establece que las mujeres y niñas ya nacidas son personas con plenos derechos. Citando un tribunal chileno, la organización insiste en que la mujer no puede ser un “instrumento” para proteger al no nacido, ni se le pueden imponer deberes que pongan en riesgo su vida.
Por ello, CONAMUCA demanda la despenalización del aborto en tres situaciones extremas:
Cuando la vida de la madre está en peligro de muerte.
En casos de violación o incesto.
Por malformación congénita incompatible con la vida.
La Confederación Nacional de Mujeres del Campo concluye que el Proyecto de Código Penal, desde su perspectiva, se aleja de la justicia anhelada, amenazando con convertirse en un obstáculo para el acceso de los más débiles a la justicia y a una vida digna.