Santo Domingo, RD. – La organización no partidista Transparencia Internacional, capítulo República Dominicana, expresó su rotundo rechazo a la nueva política aprobada por el Poder Judicial, que establece como regla general la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar a personas físicas, incluso de manera indirecta.
Esta medida, según la organización, podría resultar en la invisibilización de los infractores de la ley, incluyendo a los responsables de actos de corrupción, y en un aumento de la impunidad en el país.
Transparencia Internacional advirtió que esta política contraviene principios fundamentales establecidos en la Constitución, como el derecho a un juicio público y transparente.
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La organización recordó que, según la Carta Magna, los juicios deben ser públicos no solo para proteger a los imputados, sino también para garantizar la transparencia y el acceso de la sociedad a la información judicial.
La publicidad de los juicios debería incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, y todas las personas relacionadas con el proceso judicial, así como las partes involucradas, como imputados, querellantes, víctimas y testigos, con las excepciones necesarias para proteger a menores y personas vulnerables.
Además, destacó la importancia del acceso libre a los expedientes judiciales, no solo para las partes en los procesos, sino también para la ciudadanía en general y los medios de comunicación, en cumplimiento del derecho a la información y la libre expresión.
La nueva normativa del Poder Judicial, según la organización, establece restricciones para terceros, incluyendo la prensa y la ciudadanía, lo que limita el acceso a información clave y compromete la transparencia en el sistema judicial.
Participación Ciudadana, por su parte, sostuvo que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la privacidad debe resolverse en favor de la transparencia, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos y bienes del Estado.
Resaltaron que, aunque la política se basa en la experiencia de otros países, estos cuentan con un nivel de desarrollo institucional que aún no ha alcanzado la República Dominicana.
Finalmente, la organización hizo un llamado al Poder Judicial para que reconsidere esta normativa, especialmente en un momento crítico en el que el país enfrenta graves desafíos relacionados con la corrupción, el crimen organizado y otros delitos de alto impacto social, como la trata de personas y los feminicidios.
La implementación de esta medida podría poner en riesgo los esfuerzos por erradicar la corrupción e impulsar la transparencia en el país.