Santo Domingo, RD – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) ha emitido una contundente advertencia al Congreso Nacional sobre las serias implicaciones que, a su juicio, acarrearía la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios. La iniciativa, actualmente bajo estudio en la Cámara de Diputados, ha generado alarma en el sector financiero por disposiciones que, según la ABA, afectarían principios fundamentales del derecho privado y económico, además de imponer nuevas y complejas responsabilidades a las entidades bancarias.
En una carta formal dirigida al diputado Amado Díaz Jiménez, presidente de la Comisión Especial que analiza el proyecto, la ABA expresó su profunda preocupación por varios puntos, particularmente la obligación de que las garantías de alquiler sean depositadas en entidades bancarias, así como la recepción de los contratos de arrendamiento y su posterior notificación al supervisor bancario.
Cargas Operativas y Distorsión de la Función Bancaria
La principal inquietud de la ABA radica en las disposiciones que forzarían a los bancos a “recibir y gestionar las garantías de los contratos de alquiler”. La asociación argumenta que esta medida introduciría “cargas significativas de cumplimiento”, que van desde la necesidad de desarrollar funcionalidades tecnológicas específicas, segmentar productos, capacitar personal especializado, hasta crear mecanismos diferenciados para identificar estos depósitos.
“Transformar dicha garantía en un instrumento bancario obligatorio no solo distorsiona su finalidad original, sino que además introduce un tercer actor -la entidad financiera- en una relación que no tiene atribuciones legales claras”, señala el documento. La ABA enfatiza que esta imposición “desborda la función financiera” y convertiría a los bancos en un “actor involuntario” en una relación jurídica que es estrictamente privada entre arrendador e inquilino.
La comunicación, firmada por Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la ABA, fue entregada formalmente el pasado 3 de julio y remitida con copia al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.
Según la asociación, los artículos 15 y 16 del proyecto de ley son los que imponen este mandato a las entidades financieras para recibir las garantías de alquiler y notificar los contratos al regulador bancario. Esto, a su juicio, no solo representaría una “distorsión de su rol institucional”, sino también un “riesgo operativo sin precedentes” para el sistema bancario nacional.
El sector bancario espera que el Congreso tome en consideración estas advertencias para evitar consecuencias no deseadas que podrían afectar la operatividad financiera y la seguridad jurídica en las relaciones de arrendamiento.