Santo Domingo, República Dominicana – La reciente advertencia de la procuradora general de la República sobre la posibilidad de investigar a funcionarios públicos cuyo estilo de vida no se corresponda con su salario, ha generado una intensa discusión en el Congreso Nacional sobre el combate a la corrupción y la vigilancia del patrimonio de los servidores públicos.
Legisladores del partido oficialista respaldaron las declaraciones de la procuradora Yeni Berenice, enfatizando que la investigación del patrimonio de los funcionarios forma parte de las atribuciones del Ministerio Público. Consideran que estas acciones son necesarias para garantizar la integridad en el servicio público. Sin embargo, algunos congresistas recordaron que la Cámara de Cuentas es la entidad competente para fiscalizar los recursos del Estado y subrayaron la importancia de la coordinación interinstitucional para asegurar la transparencia.
Por su parte, la oposición ha exigido al Ministerio Público que sus investigaciones no sean superficiales y que se concentren en los presuntos casos de corrupción que involucran al actual gobierno.
La procuradora detalló que se podrá iniciar una investigación si, mediante una “auditoría visual”, se detectan consumos o transacciones que no se ajustan al salario de un funcionario. También destacó que la Dirección de Ética está promoviendo una campaña para facilitar las denuncias ciudadanas, permitiendo que estas sean anónimas o no.
Además, la procuradora anunció que la nueva Ley de Compras Públicas sancionará a las empresas vinculadas a actos de corrupción, inhabilitándolas para contratar con el Estado. Como medida adicional, los representantes de estas empresas no podrán ocupar cargos públicos por un periodo de cinco años, reforzando así el compromiso de la Procuraduría con la integridad en la gestión pública.