PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO – La seguridad en el Caribe ha tomado un nuevo rumbo tras el anuncio de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de permitir el acceso de tropas estadounidenses a su territorio en caso de que un conflicto por el Esequibo estalle entre Venezuela y Guyana. La declaración marca un giro geopolítico significativo, ya que, a pesar de los lazos históricos con Venezuela, el país caribeño ha optado por respaldar a Washington y a su aliado, Guyana.
La decisión de Persad-Bissessar se produce en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en la región. Buques de guerra como el USS Gravely y el USS Jason Dunham han sido desplegados en el Caribe, como parte de una estrategia para contrarrestar la inestabilidad. Guyana, un país con vastas reservas de petróleo y en el centro de la disputa territorial, ha acogido con agrado este apoyo. Otras naciones como Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos también han manifestado su interés en una mayor cooperación en materia de seguridad, una respuesta directa al aumento de la violencia y al avance del crimen organizado.
La Disputa Territorial y el Auge de la Violencia
El conflicto por el Esequibo, una franja de 160.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales, se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899. Georgetown defiende la soberanía otorgada en aquel momento, mientras que Caracas insiste en su reclamo histórico. Las tensiones se intensificaron tras el referéndum de 2023 promovido por el gobierno de Nicolás Maduro para anexar el territorio, un acto que fue visto como una escalada.
La inestabilidad regional no se limita a la disputa fronteriza. El crimen organizado ha echado raíces en el Caribe, con un alarmante aumento en las tasas de criminalidad. Trinidad y Tobago, por ejemplo, registró 625 homicidios en el último año, la mayoría vinculados a pandillas y redes de narcotráfico. La primera ministra Persad-Bissessar ha alertado sobre la penetración de estos cárteles en las esferas de poder, subrayando la urgencia de la cooperación militar y judicial para contener la violencia y evitar una mayor desestabilización. La decisión de Trinidad y Tobago no solo redefine su postura en la política exterior, sino que también subraya la complejidad de la situación en el Caribe, donde los conflictos territoriales y el crimen organizado se entrelazan para amenazar la estabilidad de toda la región