SANTO DOMINGO, República Dominicana — El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió un veredicto en el caso de la Operación Gavilán, condenando a un grupo de acusados por alterar y borrar registros de antecedentes penales a cambio de sobornos. Las sentencias varían desde 5 hasta 10 años de prisión, en un caso que ha expuesto la corrupción en el sistema judicial.
El tribunal, presidido por la jueza Keyla Pérez Santana, encontró a los imputados culpables de una serie de delitos, incluyendo lavado de activos, soborno, crímenes de alta tecnología y asociación de malhechores. Sin embargo, también absolvió a tres de los acusados, revocando las medidas de coerción que les habían sido impuestas.
Las sentencias dictadas por el tribunal son las siguientes:
10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos: Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño. Este último, un ex fiscal del Ministerio Público, también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por un periodo de 5 años.
7 años de prisión: Mártires Rosario Reyes (3 años y 6 meses en prisión domiciliaria y 3 años y 6 meses suspendidos).
8 años de prisión: Alfredo Mirambeaux (6 años en prisión domiciliaria y 2 años suspendidos).
6 años de prisión: Rubén Darío Morbán y Luis Alfredo Astacio Polanco (ambos con 3 años en prisión domiciliaria y 3 años suspendidos).
5 años de prisión: Domingo Julio Santana (2 años y 6 meses en prisión domiciliaria y 2 años y 6 meses suspendidos).
Además, el tribunal declaró a la empresa Nextcom Technology culpable de violar la ley de lavado de activos y ordenó su disolución definitiva.
Tres acusados absueltos
En un giro inesperado, el tribunal absolvió a Románqui, Alexander Dottel Medina, Yocaira Elizabeth Garmona y Dilcia Argentina Núñez Santos. Sus medidas de coerción fueron revocadas, y se les declaró libres de cargos en este caso.
La Operación Gavilán, que ha culminado con estas condenas, ha sido uno de los casos más notorios en la lucha contra la corrupción y los crímenes de alta tecnología en la República Dominicana. La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de alterar la integridad de los registros judiciales del país.