La Altagracia, República Dominicana – En un caso que ha sacudido la fe y la confianza en supuestos guías espirituales, el Tribunal Colegiado de La Altagracia dictó sentencia a puertas cerradas contra Víctor Manuel Kery, alias “El Pastor”, y Robinson Peguero, alias “El Profeta”, por agresión sexual agravada y simple, respectivamente. La decisión deja un sabor agridulce entre las víctimas y sus abogados, que lamentan las limitaciones de la justicia frente a la magnitud del daño causado.
Víctor Manuel Kery fue condenado a diez años de prisión por agresión sexual agravada, mientras que Robinson Peguero recibió una pena de cinco años por agresión sexual simple. Ambos cumplirán su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya.
Las víctimas, menores de edad que confiaron en estos individuos presentados como líderes religiosos, sufrieron un trauma devastador. Los testimonios, recogidos en cámara Gesell, fueron explícitos. “Me ponía en contra de mi voluntad y por miedo, tuve que acceder a hacerle sexo oral y otros actos sexuales”, relató uno de los menores. El horror se profundiza con el hecho de que otra de las víctimas, además del trauma psicológico, dio positivo al VIH.
El expediente judicial reveló un patrón sistemático de abuso por parte de Kery, quien utilizaba “vigilias nocturnas” o “silicios” como coartada para aislar a sus víctimas. Los escenarios del crimen no se limitaron a un solo lugar; hubo traslados a un rancho en La Llanada del Cerro, donde uno de los menores fue obligado a presenciar actos sexuales entre Kery y Peguero, así como a un batey en La Romana y una iglesia en Villa Cerro, sitios que, según la investigación, eran meros escenarios del crimen, no centros de oración.
Este no es el primer encuentro de Kery con la justicia. El “Pastor” había sido condenado en 2021 por agredir a otro menor, recibiendo entonces una pena de cinco años de prisión suspendida. Tres años después, la reincidencia ha dejado un daño aún más profundo y ha reavivado el debate sobre la efectividad de las leyes vigentes.
Los abogados querellantes, Ander Severino y José Rivera, si bien reconocieron la “sabia apreciación de las pruebas” por parte del tribunal, lamentaron las limitaciones del Código Penal dominicano. “No es justo que dentro de 10 y 5 años este tipo de sujetos esté en las calles tomando nuevas víctimas”, expresó el abogado José Alfredo Javier, señalando la impotencia ante un marco legal que no permite sentencias más severas para crímenes de esta magnitud. Las pruebas, según los letrados, fueron contundentes: múltiples relatos consistentes de menores que coincidían en fechas, lugares y patrones de conducta, sin haber tenido contacto entre sí.
Por su parte, la defensa de Peguero, a cargo de Dionisio Báez, anunció de inmediato una apelación, alegando falta de pruebas directas contra su defendido y sosteniendo que “solo dos declaraciones fueron usadas, y ninguna señaló a mi defendido”.
Más allá de la sentencia, lo que queda es el profundo sufrimiento de los sobrevivientes: años de terapia y hogares fragmentados. La destrucción de infancias, la traición de la confianza y la ruina emocional de familias enteras. Diez y cinco años de prisión para quienes destrozaron vidas. La pregunta en el aire es si este fallo representa una justicia plena y qué cambios podría traer el nuevo Código Penal ante casos tan atroces.