VALDIVIA, ANTIOQUIA. La madrugada de este martes ha teñido de luto a Colombia con el asesinato de la patrullera María Alejandra Vieda Almario, víctima de un ataque armado contra la estación de Policía de Valdivia, en el norte de Antioquia. Este suceso reaviva el debate sobre la efectividad de la política de “paz total” del gobierno del presidente Gustavo Petro en un territorio donde la presencia del Estado sigue siendo precaria y los grupos armados ilegales imponen su ley.
El ataque se produjo alrededor de las 2:00 a.m., cuando hombres fuertemente armados hostigaron la estación policial. La patrullera Vieda Almario fue alcanzada por los disparos y, a pesar de ser trasladada de urgencia a un centro médico en Yarumal, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Su muerte trunca una vida dedicada al servicio y pone de manifiesto la violencia persistente que el país no logra contener.
Este nuevo crimen genera serios cuestionamientos sobre la estrategia de “paz total”, que, a pesar de sus intenciones, no ha conseguido frenar los ataques contra la Fuerza Pública ni garantizar la seguridad en las zonas más vulnerables del país. Mientras en la capital se anuncian acuerdos y treguas, la realidad en regiones como Antioquia es que las balas continúan segando vidas.
Valdivia no es un caso aislado. En esta zona operan grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, organizaciones que persisten en sus actividades delictivas y hostigan a las comunidades. La muerte de la patrullera Vieda Almario trasciende la tragedia personal e institucional; es un doloroso recordatorio de que el discurso de paz no se materializa para quienes enfrentan a diario la violencia en el terreno. La “paz total”, pareciera, se sigue firmando en Bogotá, mientras en regiones como Antioquia se escribe con sangre.