SANTO DOMINGO, República Dominicana — Dos jóvenes dominicanas han quedado atrapadas en un confuso y frustrante laberinto burocrático, enfrentándose a un problema que, según ellas, no debería existir: multas de tránsito que no cometieron. Sus casos, aunque separados por años, destapan una vieja problemática de supuestas irregularidades en el sistema de fiscalización de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Para Jazmín Marte (nombre ficticio), la pesadilla comenzó el pasado 4 de agosto, cuando intentó obtener un carnet de aprendizaje para conducir. Su trámite se detuvo abruptamente al solicitar su certificación de no antecedentes penales y descubrir que figuraba con dos multas de tránsito por un valor de 2,000 pesos. Lo insólito del caso es que Jazmín no conduce, no posee vehículo, y lo más importante, nunca ha tenido una licencia de conducir, un hecho confirmado por el INTRANT.
Las multas, una por estacionamiento en un lugar prohibido y otra por licencia vencida, fueron supuestamente impuestas el 28 de julio de 2025, cerca del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Pese a su insistencia y reclamos, la joven ha sido enviada de un lado a otro sin obtener una respuesta clara de la Digesett. “Me están poniendo a dar vueltas de allí para acá”, denuncia Jazmín.
La joven, visiblemente frustrada, sostiene que el problema no es el dinero, sino la justicia. “Yo he gastado más pagando taxi para ir a resolver que lo que me cuestan las multas, pero no las voy a pagar, porque yo no hice eso. Lo que quiero es que se investigue”, declaró con firmeza, calificando la situación de una “mafia”. El vehículo en cuestión, según el registro de las multas, es una yipeta BMW, cuyo propietario ella asegura no conocer.
El caso de Jazmín no es un hecho aislado. Martha Soto (nombre ficticio) vivió una situación similar cuando le negaron una certificación de buena conducta por una deuda de 3,334 pesos en multas de 2012 por, supuestamente, pasarse dos luces rojas. A diferencia de Jazmín, Martha pudo resolver su situación ya que las multas estaban “caducadas”, pues en República Dominicana las multas prescriben al cabo de un año y caducan si no hay acción en dos años, según la Ley No. 63-17 y el Código Procesal Penal.
Las denuncias de multas fantasma no son nuevas. En 2015, se anunció una investigación contra agentes de la Digesett que registraban infracciones sin motivos, una mala práctica que, según el vocero de la institución, coronel Rafael Tejada Baldera, se había erradicado. Sin embargo, los nuevos casos de Jazmín y Martha vuelven a poner la lupa sobre esta situación.
Tejada Baldera aseguró que se iniciará una investigación en conjunto con el Ministerio Público para determinar el origen de las infracciones. El coronel explicó que, salvo en casos de vehículos mal estacionados, todo agente debe tener contacto con el conductor al momento de imponer una multa. Si la investigación arroja alguna irregularidad, el agente responsable podría ser sancionado e incluso cancelado.
Para Jazmín, mientras tanto, la solución parece lejana. Con sus multas impuestas en julio de este año, no le aplica la prescripción y, a menos que apele en el mes siguiente a la fecha de la infracción, la única salida para poder realizar trámites legales es pagar, aunque insiste en que no lo hará por una cuestión de principio.