SANTO DOMINGO, República Dominicana — La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ha impuesto una sanción de RD$2,189,154 al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, S.A.S., por negar atención médica de emergencia a dos de los afectados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La multa, oficializada a través de la Resolución DJ-GIS Núm. 0012-2025, se emitió tras una exhaustiva investigación que confirmó que la clínica no brindó asistencia a los ciudadanos Franklin Alberto Rodríguez Garabitos, exsenador de San Cristóbal, y Luis Thomas Graveley Hernández. Ambos, afiliados al régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, tuvieron que trasladarse por sus propios medios a otro centro médico para recibir atención.
Según el informe de la Sisalril, durante la inspección realizada el 23 de abril de 2025, se verificó que el Centro Dr. Abel González no documentó la visita de los pacientes a su área de emergencia y no notificó a la ARS SeNaSa para la autorización de cobertura, como lo establece el protocolo. Los pacientes terminaron siendo atendidos en el Hospiten Santo Domingo, donde se les realizaron los procedimientos diagnósticos y se les garantizó la atención necesaria.
La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por los afectados ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA). Franklin Rodríguez, en particular, hizo pública su denuncia, lo que ayudó a que el caso cobrara visibilidad.
Además del pago de la multa, que debe ser efectuado en un plazo de 10 días hábiles, la Sisalril exigió a la clínica la presentación de un plan de acción con medidas correctivas. El personal del centro también deberá participar en un proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas sobre las regulaciones del Seguro Familiar de Salud.
La Sisalril subrayó que la clínica violó múltiples disposiciones de la Ley 87-01 y la Ley General de Salud (42-01), que prohíbe explícitamente a cualquier institución de salud, ya sea pública o privada, negar asistencia en situaciones de emergencia o condicionar el servicio a un pago previo. Este recordatorio se hizo especialmente relevante dado que la superintendencia había instruido a todos los centros de salud a garantizar la atención sin restricciones tras el trágico evento que dejó un saldo de 235 fallecidos y más de 180 heridos.