SANTO DOMINGO, República Dominicana – En un avance significativo en la lucha contra el fraude, el Ministerio Público ha arrestado a cinco mujeres, incluyendo cuatro médicas y una alcaldesa pedánea, por su presunta vinculación en el registro ilegal de defunciones. Las detenciones se realizaron este viernes como parte de la investigación que se sigue contra el principal imputado, Máximo Mendoza.
Las imputadas han sido identificadas como las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez, y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, así como la alcaldesa pedánea de Esperanza, Yluminada Altagracia Uceta. Fueron detenidas bajo una orden judicial en la Fiscalía de Valverde, donde se les vincula con los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en el registro de defunciones. El Ministerio Público planea solicitar medidas de coerción en las próximas horas y declarar el caso como complejo.
El caso central gira en torno a Máximo Mendoza, quien ya cumple tres meses de prisión preventiva en Mao. Se le acusa de falsificar documentos públicos para registrar la muerte de personas vivas, en un esquema que afectaba los sistemas de salud y registral entre diciembre de 2024 y junio de 2025. El móvil detrás de estos actos era, aparentemente, perjudicar a personas con las que tenía deudas económicas pendientes.
Se ha establecido que Mendoza se aprovechaba de la vulnerabilidad económica de las víctimas, a quienes les ofrecía préstamos a cambio de retener sus tarjetas de programas de asistencia social. Cuando no podía cobrar, se presentaba en Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanza, fingiendo ser un familiar para reportar la muerte de la persona.
Según la investigación, los certificados de defunción eran llenados por médicos pasantes o sin exequátur, entre ellos las cuatro mujeres arrestadas. Se han identificado seis víctimas hasta el momento, cinco de las cuales fueron registradas como fallecidas tanto en Salud Pública como en la Junta Central Electoral (JCE). El Ministerio Público, con la colaboración del Dicrim de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE, ha establecido que los imputados violaron varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.