Santo Domingo, República Dominicana -El gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Interior y Policía, ha reconocido públicamente que la salud mental se ha convertido en una deuda social histórica, un problema que hoy se manifiesta en trágicos eventos como los recientes infanticidios y feminicidios. Así lo expresó la ministra Faride Raful, quien calificó la situación como una “crisis de seguridad y protección para grupos vulnerables”.
Una deuda social con consecuencias fatales
Durante una reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, liderada por el presidente Luis Abinader, Raful advirtió que la falta de atención a la salud mental es la causa de una serie de tragedias que han conmocionado a la nación. Siete menores de edad han sido asesinados por sus propios padres solo en lo que va de agosto, lo que ha puesto en evidencia la urgente necesidad de una respuesta integral del Estado.
La ministra subrayó que, aunque el problema tiene raíces sanitarias, sus consecuencias se extienden al ámbito de la seguridad pública. En sus declaraciones, la funcionaria hizo hincapié en la falta de recursos y políticas públicas robustas. “La salud mental dejó de ser una prioridad hace muchos años, donde estamos retomando también iniciativas articuladas, porque, a pesar de que es un tema de salud es un tema de seguridad”, puntualizó.
Llamado a la acción: más que palabras, se necesitan recursos
Raful hizo un llamado contundente a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. El país, según la ministra, necesita mayor inversión en recursos económicos, tecnología y personal especializado para desarrollar una labor preventiva eficaz. A pesar de los esfuerzos, la deuda social en este tema es evidente: no hay suficientes centros de salud mental accesibles, mucho menos gratuitos.
La pandemia de COVID-19, que agudizó los problemas de salud mental a nivel global, ha hecho aún más crítica esta situación en República Dominicana. Raful recordó que la falta de centros especializados y la ausencia de programas de formación para que los ciudadanos detecten señales de violencia son fallas que deben ser corregidas de inmediato.
“Todos podemos ser víctimas silenciosas de algo que afecte nuestra salud mental. Buscar ayuda oportuna y tener realmente una asistencia identificable que el Estado pueda proveer es fundamental”, enfatizó. La ministra concluyó su intervención instando a la corresponsabilidad social, un esfuerzo que, según ella, no puede depender solo del gobierno, sino que requiere la participación activa de toda la sociedad.