BRASILIA, Brasil — Decenas de miles de brasileños salieron a las calles este fin de semana en las diez principales ciudades del país para protestar contra una controvertida enmienda constitucional y la posible amnistía al expresidente Jair Bolsonaro. Las manifestaciones, de gran envergadura, reflejan el creciente malestar social ante lo que muchos consideran un intento del Congreso de situarse por encima de la ley.
El epicentro del descontento es la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), conocida como “PEC de blindaje”. Esta propuesta, que ha generado un intenso debate en la esfera pública, permitiría al Congreso anular procesos penales en el Supremo Tribunal Federal (STF) contra diputados y senadores. Además, daría la potestad a los legisladores de bloquear las detenciones de miembros del Parlamento, lo que de facto les otorgaría una inmunidad casi total ante la justicia.
Las protestas no solo se centran en la “PEC de blindaje”, sino también en la oposición a cualquier intento de amnistiar a Bolsonaro. Hace solo once días, el STF condenó al exmandatario a 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado. La condena a Bolsonaro, junto con otras siete personas, ha sido un hito en la historia judicial de Brasil y un recordatorio de la fragilidad de sus instituciones democráticas.
La movilización popular de este fin de semana es una clara señal de advertencia para el Congreso y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Los manifestantes, que incluyen a un amplio espectro de la sociedad civil, desde activistas hasta ciudadanos comunes, han dejado claro que no tolerarán medidas que socaven la independencia del poder judicial y promuevan la impunidad de los políticos. La presión de la calle podría ser determinante para frenar una propuesta que, de aprobarse, tendría un impacto profundo y negativo en el sistema democrático brasileño.