La polémica sentencia que el Tribunal Constitucional emitió en diciembre revolvió a todo el sistema político al proponer un camino más ligero para los candidatos independientes en el país. Sin embargo, un proyecto de ley propuesto por la Junta Central Electoral (JCE) sugiere unas reglas duras y un camino difícil para los aspirantes desligados de partidos políticos que deseen participar en los comicios.
El proyecto, que se estudiará en una comisión especial de la Cámara de Diputados, impone fuertes regímenes para los candidatos independientes como la búsqueda de miles de firmas, una nula financiación del Estado, la constitución de una asociación cívica con muchos requisitos y la obligación de transparentar sus fondos.
En sus primeros artículos, el proyecto de ley para regular las aspiraciones independientes establece que los candidatos deben postularse a través de una asociación cívica que operará únicamente durante el proceso electoral y que se disolverá luego de los comicios. Esa asociación debe cumplir con requisitos muy técnicos como la descripción de su objeto social, datos de los fundadores, un acta constitutiva, un Registro Nacional de Contribuyentes y una constancia de apertura de cuenta bancaria.