SANTO DOMINGO, República Dominicana — La frustración y la impotencia han encontrado voz en las redes sociales. Bryam Barias, un joven dominicano, ha utilizado su cuenta de TikTok para denunciar públicamente el calvario que vive su padre tras ser asaltado y despojado de su motocicleta, un vehículo que, legalmente, pertenece a Bryam. La denuncia no solo expone la delincuencia, sino también la aparente ineficiencia y desorganización de las autoridades.
Según el relato de Barias, la familia ha intentado, sin éxito, formalizar la querella en tres destacamentos policiales distintos. Del destacamento de Las Charlie, fueron enviados a Los Frailes, y de allí, a La Isabelita. La justificación, supuestamente, es que este último es el encargado de procesar robos de vehículos. Sin embargo, al llegar al destacamento del Ozama, la denuncia no pudo ser procesada porque, de manera incomprensible, el personal encargado se había retirado a las 10 de la noche, una hora que, para muchos ciudadanos, sigue siendo “prudente” para necesitar asistencia.
La indignación de Bryam se centra en un temor legítimo: que su motocicleta sea utilizada para cometer otros delitos. Si esto sucede, la carga de la prueba recaerá sobre él, el propietario legal. Esta situación, además de la sensación de desamparo, evidencia una falla sistémica en la respuesta de las autoridades ante los crímenes que afectan a la propiedad y la identidad de los ciudadanos.
Un Problema Reincidente: No Solo se Roban Vehículos, también Identidades
El caso de Bryam Barias no es un hecho aislado. En República Dominicana, la dificultad para gestionar la denuncia de robo de bienes es un problema recurrente. De hecho, esta misma problemática se extiende al robo de identidad y a la sustracción de documentos de identidad, como la cédula.
Delincuentes y redes criminales a menudo utilizan documentos de identidad robados para realizar fraudes bancarios, solicitar préstamos, abrir cuentas e incluso cometer crímenes. Al igual que Bryam teme por su motocicleta, los ciudadanos que pierden su cédula o son víctimas de robo de identidad se enfrentan a un laberinto de trámites burocráticos para invalidar sus documentos y evitar ser responsabilizados por acciones que no cometieron.
La situación resalta un desafío mayor para las autoridades: modernizar y unificar los procesos de denuncia. La fragmentación de responsabilidades entre destacamentos policiales y la falta de personal en horarios clave no solo agrava la angustia de las víctimas, sino que también ofrece un terreno fértil para la impunidad. La ciudadanía clama por una respuesta más ágil y un sistema que proteja a los afectados, en lugar de convertirlos en potenciales sospechosos.