La Universidad de Harvard ha lanzado un pulso legal frontal contra la Administración Trump, presentando una demanda en respuesta a la reciente decisión que prohíbe la matriculación de nuevos estudiantes extranjeros. Esta medida, anunciada el pasado jueves, agrava la ya tensa relación entre la prestigiosa institución académica y la Casa Blanca, que acusa a Harvard de ser un “caldo de cultivo de antisemitismo y conductas ‘proterroristas'” en relación con el conflicto en Gaza.
La demanda, hecha pública por Harvard en un comunicado oficial, apunta directamente a figuras clave del gabinete de Trump: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el director en funciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons; la fiscal general de EEUU, Pam Bondi; y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio. La acción legal subraya la determinación de la universidad de defender lo que considera su autonomía y el acceso a la educación para su diversa población estudiantil.
Esta escalada se produce en un contexto de creciente polarización y debate sobre la libertad de expresión en los campus universitarios, especialmente tras el recrudecimiento del conflicto en Gaza. La Administración Trump ha sido vocal en sus críticas a ciertas protestas y manifestaciones en universidades estadounidenses, interpretándolas como apoyo al terrorismo y focos de antisemitismo. La prohibición de matriculación de estudiantes extranjeros en Harvard se percibe como una de las medidas más contundentes adoptadas por la Casa Blanca para presionar a las instituciones educativas.
Harvard, por su parte, argumenta que la prohibición es una extralimitación del poder ejecutivo y una afrenta a los principios fundamentales de la educación superior y la diversidad académica. La universidad ha enfatizado la importancia de sus estudiantes internacionales, que provienen de más de 100 países y representan una parte significativa de su alumnado, enriqueciendo el ambiente académico y cultural.
La batalla legal promete ser un caso emblemático que podría sentar precedentes sobre el alcance de la autoridad del gobierno federal para intervenir en las políticas de admisión de las universidades y en la composición de su cuerpo estudiantil, particularmente en un momento de intensas tensiones geopolíticas y sociales. El desenlace de esta demanda será seguido de cerca por el mundo académico, los defensores de los derechos de los inmigrantes y aquellos preocupados por la libertad académica en Estados Unidos.