SANTO DOMINGO, D.N. – El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, emitió una contundente advertencia este martes sobre el actual proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios. Según Castaños Guzmán, la propuesta legislativa contiene disposiciones que, de no ser corregidas y precisadas adecuadamente, podrían acarrear “efectos adversos” significativos para el país.
En un comunicado oficial, Finjus subrayó la urgencia de construir una “legislación justa, funcional y equilibrada”. Para ello, la institución considera “indispensable reformular aspectos sustantivos y procedimentales” que, en su forma actual, podrían comprometer la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema judicial.
Puntos Críticos en la Mira de Finjus
La Fundación Institucionalidad y Justicia ha desglosado los elementos clave que, a su juicio, exigen una reconsideración profunda antes de la aprobación definitiva de la ley:
Tratamiento Diferenciado para Tipos de Alquileres: Finjus insiste en que el proyecto debe distinguir entre las diversas modalidades de alquiler, reconociendo que no todos los contratos son iguales y, por ende, no deberían regirse bajo las mismas reglas sin adaptaciones.
Autonomía de la Voluntad y Cargas Contractuales: La preocupación radica en que la ley podría restringir excesivamente la libertad de las partes para pactar condiciones, imponiendo cargas que desequilibren la relación entre arrendadores y arrendatarios.
Vacíos Conceptuales y Ambigüedades Jurídicas: La entidad alerta sobre la presencia de imprecisiones y lagunas en la redacción del texto que podrían derivar en interpretaciones contradictorias y un aumento de litigios, afectando la claridad legal.
Aspectos Procesales y de Ejecución: Finjus enfatiza la necesidad de que los procedimientos relacionados con desahucios y otras acciones legales sean claros, ágiles y no representen una carga desproporcionada para el sistema judicial.
La postura de Finjus agrega una voz crucial al debate legislativo, instando a los congresistas a considerar estas observaciones para evitar consecuencias indeseadas en un sector tan sensible como el de los alquileres. La decisión final recaerá en los legisladores.