SANTO DOMINGO—En un nuevo giro del mediático caso Calamar, la familia Reyes, que figura como querellante, ha denunciado que el Ministerio Público está “engañando” a la población en relación con la propiedad de las parcelas del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
A través de una rueda de prensa, el abogado Patricio Mañón Amador afirmó que el Ministerio Público ha desconocido la legítima propiedad de sus representados, alegando supuestas irregularidades en las matrículas de los terrenos. Según Mañón, estas matrículas fueron emitidas por el Tribunal Superior de Tierra y otros órganos competentes desde 1956, lo que, en su opinión, avala la legitimidad de la familia Reyes como propietaria.
El abogado desmintió la narrativa oficial de que el Estado fue estafado y defendió al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, implicado en el caso. Mañón explicó que el pago, correspondiente al 80% del total, se efectuó en agosto de 2016 con la llegada de Guerrero a la cartera. El abogado sostuvo que Guerrero no cometió desfalco, sino que se limitó a cumplir con sentencias judiciales que ordenaban el pago de una deuda que, según la familia, data de hace más de 60 años.
Asimismo, Mañón destacó que el pago ya estaba incluido en el presupuesto de 2016 y que sentencias de los años 2009, 2012 y 2017 ya habían ordenado al Estado saldar la deuda, algo que no se había cumplido.
Acciones legales anunciadas
El equipo legal de la familia Reyes, integrado también por Martín Mañón Lara, Moisés Sánchez Ramírez, Rafael Antonio Zapata y Alexander Navarro Rossi, anunció que solicitarán el levantamiento de la oposición de pago sobre las parcelas. Además, se querellarán contra el Estado por la “estafa” que, según afirman, ha sufrido la familia durante más de 70 años en este prolongado litigio.