SANTO DOMINGO – En un movimiento que responde al amplio rechazo público, el diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, ha presentado un proyecto de ley para reformar el recién promulgado Código Penal. La iniciativa del legislador busca eliminar y modificar varios artículos que, según su criterio, atentan contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, de manifestación y el empoderamiento ciudadano.
El proyecto de ley se centra en la derogación del polémico artículo 310 de la Ley Orgánica 74-25, el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Este artículo establece penas de hasta un año de prisión y multas equivalentes a tres salarios mínimos del funcionario afectado para cualquier persona que emita “palabras, amenazas, envíe escritos, imágenes, objetos, o realice gestos ofensivos” contra un funcionario o servidor público.
La propuesta también incluye la eliminación del artículo 311, que clasifica el ultraje a funcionarios como una acción pública que puede ser perseguida a instancia privada.
Además de los artículos mencionados, la iniciativa legislativa propone modificaciones a los artículos 157, 192 y 386. Estos artículos, de mantenerse como están, penalizarían a los ciudadanos que obstaculicen vehículos de la autoridad, arremeten en contra del gobierno o compartan una imagen sin autorización.
El diputado Raposo enfatizó que el Congreso Nacional debe aprovechar el resto del año para realizar una “revisión profunda” del nuevo Código Penal, especialmente en aquellos puntos que han sido fuertemente criticados por la opinión pública. “No podemos permitir que se criminalice la crítica, la protesta o cualquier forma de expresión ciudadana legítima”, sentenció el legislador, subrayando la responsabilidad del poder legislativo de proteger las libertades civiles.
La propuesta del diputado Raposo representa un intento de rectificar las controversias generadas por el nuevo Código Penal, particularmente en lo que respecta a la criminalización de la disidencia. La presión de la opinión pública ha sido un factor clave para que los legisladores reconsideren ciertos artículos, y este proyecto de ley podría ser el primer paso para una reforma más amplia que alinee la legislación con los principios democráticos de libertad de expresión y derecho a la protesta.