SANTO DOMINGO, R.D. — La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha declarado nula la contratación directa realizada entre el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y la empresa Farmacard, S.R.L., argumentando violaciones a la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. La decisión surge tras una investigación iniciada por la denuncia de la empresa DHN Digital Health Network, S.R.L.
Detalles de la investigación
Según un comunicado de prensa emitido por la DGCP, el contrato no se ajustaba a las excepciones que permite la ley, ya que el servicio contratado se consideró de naturaleza administrativa y tecnológica, y no un servicio de salud que quede exento de la Ley de Compras y Contrataciones.
La DGCP, que contó con la opinión técnica de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral (SISALRIL), determinó que el proceso vulneró principios clave como la transparencia, la libre competencia y el debido proceso.
Además, la investigación reveló un claro conflicto de interés: la firma de abogados que asesoró a SENASA, Biaggi, S.R.L., y le indicó que la contratación no estaba sujeta a la Ley 340-06, luego actuó como representante legal de Farmacard, S.R.L. en un procedimiento ante la propia DGCP.
Próximos pasos y consecuencias
La resolución de la DGCP, identificada como RIC-0109-2025, establece las siguientes medidas:
Anulación inmediata del contrato y el procedimiento.
Vigencia temporal del servicio: Se permite que el contrato actual siga activo por 70 días hábiles para no afectar a los afiliados de SENASA. Durante este periodo, SENASA deberá convocar un nuevo procedimiento competitivo a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
Seguimiento: La DGCP se comprometió a dar seguimiento y acompañamiento a SENASA para asegurar que el nuevo proceso se realice conforme a la ley.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, enfatizó que ninguna entidad que maneje fondos públicos puede realizar contrataciones directas fuera de los casos permitidos por la ley. La resolución ha sido enviada a todas las partes involucradas, así como a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y la SISALRIL.