Washington D.C. – En un giro significativo para las políticas de la administración Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado este viernes a favor de la Casa Blanca, limitando la capacidad de los jueces federales de tribunales inferiores para bloquear a nivel nacional las decisiones del Ejecutivo. Esta determinación representa una importante victoria para el presidente Donald Trump, cuyo segundo mandato inició el 20 de enero de 2025, y podría tener amplias repercusiones en las numerosas demandas pendientes contra sus medidas, especialmente en materia migratoria.
La decisión de la máxima corte, con seis votos a favor y tres en contra (estos últimos de las juezas progresistas), establece que las suspensiones a nivel nacional dictadas por tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”. Aunque el fallo no aborda directamente el fondo del decreto de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento que busca restringir este derecho constitucional a hijos de padres indocumentados o con visados temporales, sí limita drásticamente la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad de sus decisiones para bloquear órdenes ejecutivas en todo el país.
El caso evaluó específicamente los bloqueos nacionales temporales impuestos a la orden de Trump por tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes habían dictaminado por separado que el presidente carecía de autoridad para modificar o restringir la Constitución.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett, un voto crucial en esta decisión, redactó la opinión de la mayoría. En ella, señaló que “los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo”, sino que “resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”. Barrett enfatizó que, incluso cuando un tribunal determina que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, “la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder”.
La jueza Barrett había cuestionado previamente durante la presentación de argumentos en mayo por qué el Gobierno solicitó a la Suprema Corte evaluar cuestiones técnicas en lugar de los fundamentos del decreto en sí, un aspecto sobre el cual el Supremo no se pronunció hoy.
A pesar de la victoria para el gobierno, la jueza Barrett indicó que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento –cuya aplicación ha estado en pausa temporal a nivel nacional mientras se revisan los casos– “no entrará en vigor hasta 30 días después de la fecha de esta opinión”. Expertos sugieren que este retraso podría ofrecer a los querellantes un margen para considerar la presentación de demandas colectivas, una vía alternativa para impugnar la orden ejecutiva de Trump, en lugar de las demandas individuales.
Se estima que alrededor de 255,000 bebés al año podrían verse afectados por estas limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute. Críticos de la administración Trump y expertos legales han reiterado que este derecho está consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución y no puede ser derogado por una orden presidencial.
La decisión no estuvo exenta de una fuerte oposición, particularmente de las juezas progresistas. La jueza liberal Sonia Sotomayor anunció su voto discrepante desde el estrado este viernes, un gesto inusual que subraya su profundo desacuerdo con la mayoría. “El Estado de derecho no se da por sentado en esta nación, ni en ninguna otra. Es un precepto de nuestra democracia que solo perdurará si quienes tienen el coraje suficiente, en cada rama (del Gobierno), luchan por su supervivencia. Hoy, la Corte renuncia a su papel vital en ese esfuerzo”, declaró Sotomayor.
Por su parte, la jueza liberal Ketanji Brown Jackson insistió en su opinión de disenso que el fallo permitirá al Ejecutivo violar los derechos constitucionales de todas las personas no nombradas en las demandas, lo que, a su juicio, representa una “amenaza existencial para el Estado de derecho” en Estados Unidos. Brown advirtió que al presentar ante el Supremo estas cuestiones técnicas sobre la autoridad de las cortes y no el mérito de la orden ejecutiva en sí, el Gobierno busca crear “una cortina de humo” para ejercer “el poder arbitrario e incontrolado que los Padres Fundadores de Estados Unidos buscaron erradicar con la Constitución”.
La limitación de la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña de Donald Trump, quien regresó al poder el 20 de enero de 2025 con una redoblada política migratoria de mano dura, firmando la orden el mismo día en que asumió su segundo mandato.