Mao, provincia Valverde. RD- El insólito esquema de Máximo Mendoza fue revelado por el Ministerio Público. Según la acusación, Mendoza prestaba dinero, en montos que oscilaban entre los 5,000 y 15,000 pesos, a personas en situación de vulnerabilidad. Como garantía, se quedaba con sus tarjetas de asistencia social. Cuando los deudores no podían pagar, Mendoza no recurría a las típicas amenazas o demandas, sino que les otorgaba una “solución definitiva”: los declaraba oficialmente muertos.
Para llevar a cabo su fraude, Mendoza habría falsificado documentos y engañado a médicos pasantes y oficiales de la Junta Central Electoral (JCE). Con un guion bien ensayado, se presentaba en centros de salud y oficinas de la JCE fingiendo ser un familiar afligido para conseguir los formularios de defunción.
El expediente señala que, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, Mendoza habría logrado inscribir la defunción de al menos seis personas en los registros oficiales. En cinco de los casos, completó el proceso tanto en el sistema de salud como en la JCE, haciendo que los deudores desaparecieran en los papeles.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez y Esther María González Peguero, ha solicitado que a Mendoza se le imponga un año de prisión preventiva. Argumentan que la complejidad del caso, la reincidencia del acusado y el daño causado a las víctimas y al sistema registral justifican esta medida.
La jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Valverde, acogió la petición de la defensa de Mendoza y aplazó la audiencia para el próximo viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que Mendoza no solo ha violado la ley, sino que ha convertido el registro de defunciones en una herramienta de cobro, vulnerando la identidad y la dignidad de las personas más necesitadas.