Santo Domingo, D.N. – El comunicador Ángel Martínez fue arrestado este miércoles en la sala del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en momentos en que se intentaba conocer la solicitud de medida de coerción en su contra. La detención se produjo por orden del juez Raymundo Mejía, a raíz de una querella por difamación e injuria interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
El magistrado Mejía también condenó a Rafael Percival Peña, uno de los abogados de Martínez, al pago de una multa equivalente a la mitad del salario de un juez, superando los cien mil pesos. La decisión del juez sobre el arresto y la multa se tomó luego de que el imputado y su defensa presentaran una “litigación temeraria” ante el tribunal, según informó Miguel Valerio, representante legal de Faride Raful.
Acusación de “actitud grosera” y abuso de poder
“Él fue en una actitud a comerse al juez, a hablar de manera grosera al juez… él cree que está por encima de la ley, y evidentemente el juez hoy tomó dos decisiones”, manifestó Valerio. El abogado de la ministra agregó que Ángel Martínez permanecerá en prisión hasta el martes 29 de julio, fecha en la que se conocerá nuevamente la solicitud de medida de coerción. “El juez ahí dictó una medida de coerción alternativa”, puntualizó Valerio.
Por su parte, Martínez, mientras era trasladado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, vociferó ante la prensa que su arresto es un “abuso de poder político dominicano”. “Este Gobierno es un opresor. Faride Raful dijo que había que meterme en la cárcel. Ni Trujillo hizo esto. Esto es un abuso. ¡Qué barbaridad!”, exclamó el comunicador.
Graves imputaciones y solicitud de indemnización millonaria
La querella de la ministra Raful acusa a Ángel Martínez de difundir declaraciones falsas, denigrantes y maliciosas en su contra a través de plataformas públicas como YouTube y la red social X (antes Twitter).
Entre las afirmaciones más graves, la querella detalla imputaciones de vínculos con el narcotráfico, la acusación de proporcionar protección policial a un presunto criminal y la amenaza pública de divulgar materiales audiovisuales de carácter íntimo que supuestamente pertenecen a la querellante. Faride Raful sostiene que estas manifestaciones constituyen una afrenta directa contra su dignidad, reputación, honor, vida privada y estabilidad emocional, realizadas “con total desprecio por la verdad y con el claro propósito de causar descrédito público y daño irreparable a su imagen como figura política y y como ciudadana”.
Por los daños y perjuicios presuntamente causados, la exsenadora y exdiputada solicita que Ángel Martínez sea condenado al pago de Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos (RD$50,000,000.00). Adicionalmente, Raful ha solicitado al tribunal el derecho de aportar nuevas evidencias y adicionar nuevos cargos contra los imputados durante toda la fase preparatoria del proceso.