Santo Domingo, D.N. – Organizaciones feministas y representantes de la sociedad civil dominicana alzaron sus voces este miércoles para calificar de “aberración a los derechos humanos” las políticas migratorias implementadas por el Gobierno dominicano, que permiten la deportación de mujeres haitianas embarazadas o recién paridas directamente desde los hospitales.
Juana Ferrer, miembro de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), fue enfática al denunciar la situación: “La decisión del presidente (Luis Abinader) de deportar a mujeres paridas, embarazadas, es una aberración a los derechos, es también un estado de odio contra las mujeres”. Ferrer urgió a las autoridades a detener esta práctica, criticando la presencia de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en los centros de salud, donde, según sus palabras, “acosan a los trabajadores de la salud, tratándolos como si fueran espías”.
La activista hizo un llamado contundente al Ministerio de Salud Pública, al Colegio Médico Dominicano y al Sistema Nacional de Salud, así como a todas las instituciones vinculadas a los derechos de la salud, para que intervengan y “frenen esta situación”.
Ferrer enfatizó la falta de humanidad en estas deportaciones: “No hay ningún tipo de humanidad para deportar a una mujer que acaba de parir. El Gobierno debe tomar una medida que implique cero deportaciones para las mujeres que dan a luz, las embarazadas, respetar los derechos de las mujeres, respetar la ley de Migración… también tener una actitud de humanidad”.
Las manifestantes, además de exigir el retiro inmediato del personal de la DGM de los establecimientos de salud para garantizar que la atención médica no sea interferida por medidas represivas, demandan la implementación de políticas integrales de salud sexual y reproductiva. Estas políticas, señalaron, deben incluir acceso a anticonceptivos, información oportuna y servicios de aborto terapéutico, así como planes de prevención de la mortalidad materna.
Las organizaciones instan al Colegio Médico Dominicano, a los gremios del sector salud y al Ministerio de Salud Pública a comprometerse activamente en la defensa de la autonomía y los derechos de las mujeres en todos los espacios de atención médica. La sociedad civil se mantiene vigilante ante lo que consideran una grave violación de los derechos humanos y un trato inhumano hacia una población vulnerable.