George Stinney tenía solo 14 años cuando fue ejecutado en una silla eléctrica diseñada para adultos. Era 1944, en Carolina del Sur, en plena era de segregación racial, y bastaron unas pocas horas de juicio y diez minutos de deliberación para condenarlo por un crimen que no cometió. Décadas después, en 2014, su nombre fue exonerado.
¿Cómo pudo un sistema condenar a un niño basándose en una confesión forzada y sin pruebas reales? Esta es la trágica historia del niño más joven ejecutado en Estados Unidos.
En 1944, Carolina del Sur era un estado profundamente marcado por la segregación racial, amparada en las leyes de Jim Crow, que legalizaban la separación y discriminación sistemática contra las personas afroamericanas. Estas leyes no solo les negaban derechos básicos como el acceso igualitario a la educación o el derecho al voto, sino que también perpetuaban una cultura de violencia racial y desigualdad ante la justicia.
La sociedad estaba dividida en dos mundos: uno para los blancos, con acceso a mejores recursos y privilegios, y otro para los afroamericanos, relegados a la pobreza, la marginación y el temor constante de ser víctimas de linchamientos o acusaciones infundadas.
Según la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color conocida por sus siglas en inglés NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), los años 30 y 40 fueron especialmente violentos para los afroamericanos en el sur de Estados Unidos, donde incluso una simple interacción con una persona blanca podía tener consecuencias negativas.
En este contexto, los prejuicios raciales impregnaban el sistema de justicia penal. Los afroamericanos eran discriminados y con frecuencia condenados sin pruebas sólidas. Los jurados estaban compuestos únicamente por hombres blancos y los abogados defensores, en el caso de ser asignados, apenas ofrecían una representación adecuada.
El asesinato de Betty June Binnicker y Mary Emma Thames
Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7 años, fueron vistas por última vez el 23 de marzo de 1944, cuando iban en bicicleta buscando flores en Alcolu, Carolina del Sur. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados al día siguiente, víctimas de un brutal asesinato. Ambas niñas, blancas, habían sido golpeadas violentamente en la cabeza con un objeto contundente, que más tarde se identificó como una barra metálica.
Horas antes del hallazgo, George Stinney, un niño afroamericano de 14 años, había sido visto hablando con las niñas mientras buscaban flores en el vecindario. Este breve intercambio de palabras fue suficiente para convertirlo en el principal sospechoso del crimen.
Un arresto basado en prejuicios y coerción
La policía detuvo a George Stinney en su casa, donde vivía con su familia en un barrio segregado. En cuestión de horas, y sin la presencia de un abogado ni de sus padres, Stinney fue sometido a un interrogatorio que terminó con una supuesta confesión. Según los agentes, George admitió haber matado a las niñas tras un altercado, aunque nunca hubo pruebas físicas que lo vincularan al crimen. La barra metálica utilizada como arma homicida jamás fue encontrada en posesión de Stinney, y no hubo evidencia forense que lo implicara. Mientras tanto, el impacto de su arresto fue devastador para su familia: el padre de George fue despedido de su trabajo, y la familia se vio obligada a huir por temor a represalias.
Años más tarde, durante la revisión del caso en 2014, se concluyó que esta confesión fue obtenida bajo coacción. Stinney, un adolescente intimidado y vulnerable, probablemente confesó bajo presión para evitar mayores maltratos.
Un juicio marcado por la injusticia
El juicio de George Stinney se celebró el 24 de abril de 1944, apenas un mes después de su arresto. Fue un proceso extremadamente rápido y plagado de irregularidades. Su abogado defensor, designado por el estado, no realizó esfuerzos serios para investigar o defender al joven acusado. Durante el juicio no se presentaron testigos en defensa de Stinney y el fiscal se basó únicamente en la confesión obtenida durante el interrogatorio, sin aportar pruebas físicas o testimonios adicionales.
El juicio duró unas pocas horas, y el jurado, compuesto exclusivamente por hombres blancos, tardó apenas 10 minutos en deliberar y emitir un veredicto de culpabilidad. George Stinney fue condenado a muerte mediante silla eléctrica, convirtiéndose en el condenado a muerte más joven en la historia moderna de los Estados Unidos.
La ejecución de George Stinney
El 16 de junio de 1944, George Stinney fue ejecutado en la silla eléctrica en la penitenciaría estatal de Carolina del Sur en Columbia. Tenía apenas 14 años y era tan pequeño que los encargados de la ejecución tuvieron que colocar una biblia debajo de él para elevarlo y asegurar que los electrodos hicieran contacto. Su máscara facial, hecha para adultos, era demasiado grande y se deslizó de su rostro durante el proceso, exponiendo su expresión de dolor y pánico durante la ejecución. En sólo 83 días, el muchacho fue acusado de asesinato, juzgado, condenado y ejecutado por el estado.
El caso de George Stinney dejó una cicatriz profunda en la historia de la justicia penal estadounidense. El trauma y el simbolismo de su ejecución persisten como un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la discriminación racial, la falta de garantías procesales y el uso de la pena de muerte.
La exoneración de George Stinney
Setenta años después de la ejecución de George Stinney, el caso volvió a los tribunales en 2014 gracias a la persistencia de activistas por los derechos civiles, abogados y miembros de la familia de Stinney, que nunca dejaron de luchar por limpiar su nombre. El impulso para revisar el caso se basó en la clara evidencia de que el sistema judicial de 1944 había fallado en proporcionar un juicio justo al joven afroamericano. Entre las razones presentadas estaba la confesión de Stinney, obtenida sin la presencia de un abogado ni sus padres, y el hecho de que las pruebas materiales contra él fueran inexistentes. Además, varios testigos declararon décadas después que George estaba con su hermana en el momento del crimen, lo que reforzó su coartada, ignorada en el juicio original.
La jueza Carmen Mullen revisó el caso y dictaminó la nulidad de la condena. En su fallo, destacó varios errores críticos:
- Falta de pruebas físicas reales: no hubo evidencia tangible que conectara a Stinney con el asesinato de las niñas. La única prueba utilizada fue la supuesta confesión, obtenida bajo coacción y en circunstancias que violaron los derechos básicos del menor.
- Inexistencia de una defensa efectiva: el abogado defensor designado por el tribunal no presentó testigos ni pruebas en favor de Stinney y no apeló la condena. Este fallo reflejó una defensa legal completamente inadecuada.
- Juicio y deliberación apresurados: la duración del juicio (entre dos y tres horas) y la deliberación del jurado (10 minutos) fueron claros indicadores de un proceso judicial influenciado por el racismo y los prejuicios de la época.
La exoneración de George Stinney en 2014 fue un acto de justicia y sirvió como un recordatorio de los peligros de un sistema judicial que permite que el racismo y los prejuicios dicten el destino de las personas acusadas. En Estados Unidos, aunque la Corte Suprema declaró en 2005 que la pena de muerte para menores de 18 años es inconstitucional (caso Roper v. Simmons), la historia de George Stinney sigue siendo un recordatorio de la necesidad de vigilar la aplicación de la justicia.
Amnistía Internacional contra la pena de muerte
Amnistía Internacional se opone de manera absoluta a la pena de muerte en todos los casos y sin excepciones, independientemente del delito cometido, la persona acusada o del método de ejecución. Considera que la pena capital es una violación del derecho a la vida y un castigo cruel, inhumano y degradante, además de ser irreversible y propenso a errores judiciales que pueden llevar a la ejecución de personas inocentes. Desde su fundación, ha trabajado activamente por su abolición en todo el mundo, documentando casos, denunciando irregularidades y presionando a los gobiernos para que eliminen esta práctica de sus legislaciones.
Desde Amnistía Internacional argumentamos que la pena de muerte no solo no tiene un efecto disuasorio sobre el crimen, sino que se aplica de manera desproporcionada contra grupos vulnerables, incluidas personas en situación de pobreza, minorías étnicas y personas con discapacidades psicosociales o intelectuales. También denunciamos que, en muchos países, se impone tras juicios injustos, basados en confesiones obtenidas bajo tortura o sin garantías procesales adecuadas. Por ello, nuestra labor se centra en la abolición total de la pena de muerte, promoviendo moratorias, apoyando a organizaciones locales y ejerciendo presión internacional para que los países adopten medidas legislativas que pongan fin a esta práctica.
Cortesía: Amnistía Internacional de España