CARACAS, Venezuela. – Tres jóvenes venezolanas han sido sentenciadas a diez años de prisión, a pesar de no ser figuras políticas ni haber participado en protestas. Su “delito”: expresar opiniones críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de represión que se ha intensificado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Organizaciones de derechos humanos y medios locales han denunciado estos casos, que ponen de manifiesto la creciente criminalización de la disidencia.
Uno de los casos es el de Merlys Oropeza, arrestada apenas once días después de las controvertidas elecciones. Su condena se basa en un mensaje que publicó en su estado de WhatsApp, donde criticaba el funcionamiento del CLAP, el programa estatal de distribución de alimentos. El mensaje decía: “Estas son las palabras de la jefe del CLAP de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos.”
El Tribunal Tercero de Juicio de Maturín calificó este mensaje como “incitación al odio” y la sentenció a una década de prisión, aplicando la controvertida Ley contra el Odio, aprobada en 2017. Desde prisión, Oropeza ha enviado una desgarradora carta a sus padres, expresando que ya no tiene fuerzas y que no encuentra razones para seguir viviendo.
Las otras dos jóvenes condenadas son Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, también sentenciadas a 10 años de prisión bajo cargos de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo. Ambas dirigían un pequeño negocio de serigrafía.
Su detención ocurrió después de aceptar un encargo de un cliente para estampar camisetas con la imagen de una estatua del expresidente Hugo Chávez. Tras entregar el pedido, fueron arrestadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin orden judicial ni explicación alguna. En el juicio, las jóvenes testificaron que el cliente había insistido en más de cuatro ocasiones para que realizaran el trabajo. Ninguna de las dos tenía antecedentes penales ni vínculos políticos conocidos.
La Ley contra el Odio: Herramienta de Represión
La Ley contra el Odio, creada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, ha sido fuertemente cuestionada por su uso para criminalizar la disidencia y silenciar voces críticas. Organizaciones como Human Rights Watch y Provea han denunciado que esta normativa se aplica de manera selectiva y arbitraria, sin el debido proceso ni las mínimas garantías judiciales.
Este 28 de julio se cumple un año de las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron calificados de fraudulentos por la oposición venezolana, así como por diversos gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales. Las protestas posteriores a esos comicios dejaron al menos 24 muertos, según cifras de la ONG Provea, que también ha acusado a colectivos armados progubernamentales, en coordinación con cuerpos de seguridad, de estar detrás de varios de esos asesinatos.