En una inusitada muestra de conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, rechazó la petición de iniciar un juicio político a los jueces poco después de que el presidente Donald Trump exigiera la destitución de uno que falló en contra de su plan de deportaciones.
La reprimenda del líder de la Corte Suprema demostró cómo la controversia sobre los recientes vuelos de migrantes venezolanos ha escalado en un choque constitucional entre dos de los hombres más poderosos del país.
“Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, afirmó Roberts. “Para ello existe el proceso normal de revisión en apelación”.
La insólita declaración se produjo apenas unas horas después de una publicación en las redes sociales de Trump, quien describió al juez federal de distrito James E. Boasberg como un “alborotador y agitador” no electo. Boasberg había emitido una orden para bloquear los vuelos de deportación que Trump estaba llevando a cabo invocando a las autoridades de tiempos de guerra de una ley del siglo XVIII.
“¡No ganó nada! Gané por muchas razones, por un mandato aplastante, pero la lucha contra la inmigración ilegal puede haber sido la razón número uno de esta victoria histórica”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Sólo estoy haciendo lo que los votantes querían que hiciera. Este juez, como muchos de los ‘jueces corruptos’ ante los que me veo obligado a comparecer, ¡¡¡debería ser destituido!!!”.
Aunque Trump ha criticado rutinariamente a los jueces, especialmente cuando limitan sus esfuerzos por expandir el poder presidencial, su última publicación escaló su conflicto con un poder judicial que ha sido uno de los pocos frenos a su agenda agresiva. La destitución por juicio político es un paso raro que generalmente se toma solo en casos de grave conducta ética o criminal.